Controlar y vigilar el accionar de los despachos y servidores judiciales, en procura de una correcta administración de justicia y de una eficiente atención a los ciudadanos, aplicando el régimen disciplinario cuando se justifique, todo con estricta observancia de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás normas aplicables a la materia.
